Cada vez que un hotel, un restaurant o un supermercado en Puerto Aysén paga su cuenta de luz, paga entre un 30% y un 70% más que un negocio equivalente en Puerto Montt o en Santiago, por exactamente el mismo kilowatt-hora. La razón es simplemente el lugar donde ese negocio está ubicado, que opera bajo un régimen legal distinto, más precario y, hasta hace poco, completamente desactualizado.
El 2 de febrero de este año se publicó la Ley N° 21.184 que modernizó la regulación de los sistemas medianos: los sistemas eléctricos que abastecen a Aysén, Magallanes y parte de Los Lagos, y que no están conectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que cubre desde Arica hasta Chiloé. Todos funcionaban bajo una ley del año 2004, modificada solo de manera marginal en las dos décadas siguientes.
La reforma corrige tres problemas concretos que frenaban cualquier mejora posible.
El primero es tarifario. En el sistema nacional existe un mecanismo llamado Precio Nudo Promedio que nivela los costos de generación: las empresas que generan electricidad más cara reciben un subsidio cruzado a través de las tarifas de quienes generan más barato, y el usuario final paga un promedio. En los sistemas medianos ese mecanismo no aplicaba. El usuario pagaba el costo real de generar electricidad con un combustible caro y contaminante como el diésel, en una zona remota, sin economías de escala y con infraestructura cara de mantener. La ley ahora permite este acople tarifario, equiparando las condiciones con el resto del país.
El segundo es de competencia. En los sistemas medianos está legalmente permitido que la empresa distribuidora sea también la única generadora. Un monopolio completo, sin competencia posible. Peor aún: los períodos tarifarios regulados duraban solo cuatro años, lo que hacía inviable que un tercero entrara a competir, porque ningún proyecto de energía renovable puede recuperar su inversión en ese plazo. La ley amplió ese horizonte a doce años, en plazos más parecidos a lo que ocurre en el SEN.
El tercero es de planificación.La CNE planificaba el sistema con un único criterio: la eficiencia económica. Eso en la práctica dejaba fuera proyectos costosos, aunque necesarios para la resiliencia del sistema: ampliar los depósitos de combustible para enfrentar problemas en el abastecimiento o implementar sistemas de almacenamiento energético. La ley amplía ese criterio, incorpora consideraciones de largo plazo y seguridad del suministro, y cambia también cómo se proyecta la demanda: ya no la estima la propia empresa interesada, sino un consultor externo e independiente.
La región de Aysén tiene hoy una de las densidades eléctricas más bajas del país: solo 16 clientes por kilómetro de red, frente a más de 100 en grandes zonas urbanas del país. La demanda se duplicó en una década, pero fue absorbida casi completamente por centrales a diésel, cuyo costo se cuadruplicó en ese mismo período. El resultado es una región atrapada en una fuente de generación cara, contaminante y frágil.
La ley no soluciona todo eso de un día para otro, la planificación renovable tarda años, la inversión requiere señales sostenidas y la ejecución depende de voluntad política y recursos fiscales. Pero sí resuelve algo fundamental: elimina los obstáculos legales que hacían imposible el cambio.
La reforma fue posible gracias al empuje del Presidente Boric, pero también al trabajo parlamentario transversal que la sostuvo en el Congreso, a los seremis de energía de distintos gobiernos y colores políticos que la impulsaron desde los territorios, y a las empresas, usuarios y organizaciones de la sociedad civil que presionaron durante años. Es una buena muestra de cómo se pueden construir soluciones reales y no de papel, con trabajo serio, acuerdos amplios y un horizonte de largo plazo.
En Coyhaique se habla cada vez más del sueño del full electric: reemplazar la calefacción a leña —responsable de la contaminación del aire— y migrar el transporte hacia sistemas eléctricos eficientes. Con la regulación anterior, ese sueño era técnicamente imposible. Con la reforma, esa ventana se abre. Reemplazar la demanda térmica de miles de hogares por electricidad limpia y a costo razonable es un desafío enorme, de años y de inversiones significativas. Pero al menos hoy tenemos desde dónde partir.
Después de 22 años, las regiones del extremo sur de Chile tienen por fin una cancha más pareja para jugar.
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