El reciente anuncio del presidente José Antonio Kast sobre un proyecto de ley para modernizar la tarificación eléctrica abre una gran oportunidad para Chile. Dejar atrás una regulación de los años 80 no es solo una necesidad técnica, sino una urgencia social. Lo positivo es que no se parte de cero: en el segmento de distribución existe un diagnóstico transversal y una sólida base heredada de la administración anterior, plasmada en el documento de recomendaciones regulatorias elaborado por el comité de expertos junto al sector público para robustecer la red, mejorar su resiliencia y elevar los estándares de calidad del servicio.
Para que esta iniciativa legal sea exitosa y garantice una transición justa, el proceso debe incorporar pilares ciudadanos cruciales que ya cuentan con un amplio respaldo:
- Modernización regulatoria y fin a la “empresa modelo”: Nuestra regulación se basa en un concepto de los años 80 que simula una red teórica, analógica y unidireccional. Hoy, el avance tecnológico exige una red digital y bidireccional. El diagnóstico del comité de expertos evidencia que este esquema obsoleto evalúa las conexiones de forma aislada y es incapaz de anticipar el almacenamiento o la generación local, generando procesos lentos que frenan la inversión. El cambio normativo debe dejar atrás esta simulación del siglo pasado para pasar a una planificación proactiva y real que modernice la infraestructura y resguarde la resiliencia del sistema.
- Aumento gradual de la competencia: Si bien hoy las pymes pueden optar a ser clientes libres y salir del monopolio regulado, el mercado carece de dinamismo e innovación. Para solucionarlo, la propuesta del comité formaliza la figura del “comercializador puro” (empresas que venden energía competitivamente sin necesidad de poseer activos de generación ni redes). Esto abrirá el segmento libre a ofertas a la medida, “tarifas verdes” y mayor innovación tecnológica. En tanto, para las familias y pequeños consumidores que hoy siguen obligados a una sola distribuidora por zona, el informe propone incorporar una apertura gradual con una reducción progresiva del umbral de potencia. Así se avanza hacia un mercado competitivo sin descuidar la estabilidad del sistema ni desproteger a los usuarios residenciales.
- Enfoque comunitario y descentralizado: Si bien el documento de los expertos no aborda expresamente la “energía comunitaria”, sí advierte que la generación residencial ha avanzado de forma lenta y descoordinada debido a una regulación que no planifica la integración de estos recursos. Para revertir este rezago y acelerar la incorporación de medios energéticos distribuidos, el informe señala que se requiere mejorar urgentemente la planificación y la normativa de las redes. Es precisamente en este punto donde se vuelve indispensable abrir la cancha: la estructura regulatoria actual no solo dificulta el avance individual, sino que obstaculiza la organización local. Si un grupo de vecinos o una pyme quiere instalar paneles solares comunitarios y compartir esa energía, los actuales trámites y complejidades normativas dificultan su implementación. Necesitamos cambios regulatorios que vayan en la línea de lo propuesto por el comité, pero que den un paso más allá: que reconozcan a las comunidades energéticas y apliquen cargos de conexión simétricos y justos, permitiendo que los barrios se transformen en pequeños productores y que los beneficios económicos se queden en el territorio.
- Transición justa y subsidios fiscales directos: El sistema actual utiliza la “Equidad Tarifaria”, un mecanismo de subsidios cruzados donde unos clientes pagan las cuentas de otros, generando distorsiones e injusticias. Una verdadera equidad exige que el acceso a la luz limpia sea un derecho básico. Para proteger a las familias vulnerables, el cambio clave es crear subsidios estatales directos financiados por el gobierno —tal como se hace hoy con el agua potable—, en lugar de traspasar la carga financiera a los demás consumidores.
Si bien la administración anterior avanzó de forma importante al impulsar los parques solares comunitarios e implementar un subsidio eléctrico, este último fue concebido como una política transitoria para mitigar las alzas derivadas del congelamiento tarifario. El desafío actual radica en perfeccionarlo para que sea permanente, eficiente y cuente con un nuevo mecanismo de financiamiento.
De esta forma, la modernización de la tarifa eléctrica deja de ser un debate meramente técnico para convertirse en el motor que permita a las pymes competir, a los barrios autogestionarse y a la energía limpia aliviar, de una vez por todas, el bolsillo de los chilenos.
El contenido publicado en esta columna de opinión es responsabilidad exclusiva de su autor(a) y no necesariamente refleja la línea editorial ni la postura de Energía al Día.
