La decisión del Gobierno de Kast de retirar el financiamiento comprometido para 40 buses eléctricos en Calama no es solo un revés para una ciudad. Es una señal preocupante sobre las prioridades que hoy están guiando la política pública.
Mientras el Ejecutivo impulsa una reforma tributaria cuyos principales beneficios terminan concentrándose en los sectores de mayores ingresos, reduce o elimina recursos para proyectos que mejoran la vida cotidiana de miles de personas. Es difícil explicar que mientras las rentas de capital, concentradas principalmente en los grandes grupos económicos con asiento en Santiago, reciben nuevos incentivos, en ciudades como Calama, una de las comunas que más aporta al desarrollo económico del país, se ven postergadas inversiones que reducen la contaminación, fortalecen la seguridad energética y modernizan el transporte público.
La electromovilidad no es un lujo ni una moda. Es eficiencia energética, menor contaminación, menor dependencia de combustibles fósiles y una herramienta concreta para democratizar el acceso a tecnologías que durante años parecían reservadas a unos pocos. Chile ya demostró que este camino funciona. Programas como Mi Taxi Eléctrico y la incorporación de buses eléctricos en distintas regiones permitieron que los beneficios de la transición energética llegaran directamente a conductores y usuarios, reduciendo costos operacionales, ruido y emisiones.
La paradoja es aún mayor en el norte. Mientras la Región de Antofagasta enfrenta crecientes niveles de vertimiento de energía solar y eólica por falta de consumo e infraestructura, el Gobierno de Kast decide frenar proyectos que precisamente aumentarían la demanda de electricidad limpia allí donde se produce. Es una contradicción técnica, económica y ambiental.
A ello se suma un escenario internacional cada vez más incierto. Los conflictos en Medio Oriente recuerdan que la seguridad energética dejó de ser un concepto teórico. La volatilidad del petróleo impacta el transporte, los alimentos y el costo de vida. Si además se elimina el MEPCO, mecanismo que amortiguaba esas alzas, la exposición de Chile será todavía mayor. Apostar por la electromovilidad es una estrategia de resiliencia económica y geopolítica.
Calama, que produce el cobre que financia buena parte del desarrollo del país y que posibilita el despliegue de la electromovilidad a nivel mundial – un vehículo eléctrico utiliza entre 3 y 4 veces más cobre que uno convencional – merece un transporte público acorde con el siglo XXI y coherente con el aporte que realiza diariamente al desarrollo de Chile y de la transición energética global.
El Ministerio de Transportes debe explicar por qué se desahució un proyecto técnicamente preparado y ampliamente esperado por la comunidad. Y el Ministerio de Energía no puede permanecer como un espectador cuando se retrocede en una política que aumenta el consumo de energía limpia, fortalece la seguridad energética y acelera la descarbonización.
