Chile puede exhibir, con fehacientes pruebas, importantes avances en materia de transición energética. Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric se aceleró la agenda de descarbonización, se impulsó el desarrollo del hidrógeno verde mediante el Plan de Acción 2023-2030, se promovieron proyectos de almacenamiento energético con baterías de litio para fortalecer la integración de energías renovables y, se continuó fortaleciendo el marco regulatorio para una matriz eléctrica cada vez más limpia. Todo ello ha ido consolidando a Chile como uno de los “líderes” latinoamericanos en energías renovables y como un actor relevante en la discusión mundial sobre carbono neutralidad.
Sin embargo, existe una paradoja que pocas veces ocupa espacio en el debate público. Mientras Chile discute cómo convertirse en una potencia mundial de hidrógeno verde y aumenta sostenidamente la generación de energías limpias, miles de familias rurales continúan enfrentando dificultades para acceder a un suministro eléctrico confiable, continuo y de calidad.
La discusión energética en Chile ha privilegiado históricamente la generación por sobre la distribución. Nos hemos preocupado de producir más electricidad y de producirla de manera más limpia, pero hemos prestado muy poca
atención a cómo esa energía llega, o simplemente no llega, a quienes viven en localidades apartadas.
El propio Ministerio de Energía reconoce esta realidad mediante el Mapa de Vulnerabilidad Energética, instrumento que identifica territorios donde persisten viviendas sin acceso eléctrico, con suministro parcial o dependientes de sistemas aislados. Más aún, el diagnóstico incorpora por primera vez una visión territorial que permite observar que la pobreza energética no es únicamente una condición económica, sino también una expresión de desigualdad territorial.
Nuestra región, la de O’Higgins, constituye un ejemplo particularmente ilustrativo. A pesar de encontrarse próxima a los principales centros urbanos del país y de poseer una importante actividad agrícola, minera y agroindustrial, existen numerosas localidades rurales, y particularmente en la provincia de Cardenal Caro, cuya capital es Pichilemu (la capital mundial del surf) donde se continúa dependiendo de redes eléctricas antiguas, vulnerables a cortes prolongados o con capacidades insuficientes para responder a las necesidades actuales.
Este problema adquiere una dimensión aún mayor cuando observamos los desafíos del desarrollo rural. Hoy se promueve la tecnificación del riego, la digitalización agrícola, la conectividad, el emprendimiento turístico local e incluso la electromovilidad. Pero ninguna de estas políticas puede desplegar plenamente su potencial si la infraestructura básica de distribución eléctrica permanece inaccesible fuera de las capitales regionales.
No resulta coherente que un agricultor pueda acceder a tecnologías inteligentes para optimizar el uso del agua mientras enfrenta interrupciones permanentes del suministro eléctrico. Tampoco parece razonable exigir mayor productividad a pequeños emprendedores rurales cuando la estabilidad energética continúa siendo incierta.
La discusión sobre infraestructura energética tampoco puede reducirse únicamente a ampliar redes convencionales. Existen oportunidades para impulsar soluciones descentralizadas mediante microredes, sistemas comunitarios de generación renovable, almacenamiento con baterías y proyectos de generación distribuida adaptados a las características del territorio. Estas alternativas podrían aumentar la resiliencia del sistema eléctrico y disminuir la vulnerabilidad de comunidades rurales frente a eventos climáticos extremos como los que hemos vivido en las últimas semanas.
En este contexto, O’Higgins reúne condiciones particularmente favorables para transformarse en una región piloto. Su diversidad territorial, la presencia de actividades agrícolas intensivas y un importante potencial solar permiten pensar en modelos innovadores de distribución eléctrica que integren eficiencia, resiliencia y desarrollo local.
La transición energética no puede medirse únicamente por la cantidad de parques solares instalados o por los gigawatts incorporados al Sistema Eléctrico Nacional. Su verdadero éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar que los beneficios de esa transformación lleguen efectivamente a todas las personas, independientemente del lugar donde vivan.
Chile ha demostrado que puede liderar la generación de energías limpias. El desafío de la próxima década será igualmente ambicioso: liderar también en equidad energética.
Porque una transición verdaderamente justa no termina donde concluyen las líneas de transmisión. Comienza, precisamente, donde todavía existen familias para las cuales encender una luz continúa dependiendo de una infraestructura que el desarrollo d l país aún les debe.
El contenido publicado en esta columna de opinión es responsabilidad exclusiva de su autor(a) y no necesariamente refleja la línea editorial ni la postura de Energía al Día.
