En Chile la energía no es un concepto abstracto. Es la cuenta de la luz a fin de mes, es la posibilidad de que una familia genere su propia electricidad, es una escuela que reduce sus costos y mejora su calidad de vida. Cuando la energía se distribuye, abre oportunidades y reduce desigualdades. Cuando se concentra, en cambio, reproduce brechas y aleja las decisiones de las personas.
Pero hoy esa discusión ya no pasa solo por cables, paneles o generación. Pasa también por algo menos visible: los sistemas que coordinan, predicen y deciden cómo funciona esa energía. Y ahí, energía y datos empiezan a cruzarse. Porque quien controla esos sistemas, controla mucho más que infraestructura: controla decisiones.
Por eso inquieta mirar lo que ocurre a nivel global con empresas como Palantir Technologies. Más que una firma tecnológica, forma parte de una arquitectura de poder basada en datos, inteligencia artificial y vínculos con el aparato de seguridad de Estados Unidos, incluyendo la Central Intelligence Agency. Sus sistemas no solo optimizan procesos: también permiten vigilar, perfilar y anticipar conductas.
Detrás de esa arquitectura hay ideas. Peter Thiel lo dijo sin rodeos: “la libertad y la democracia son incompatibles” (Cato Institute, 2009). No es una frase al pasar, sino parte de una corriente más amplia, la llamada “ilustración oscura”, asociada a autores como Curtis Yarvin, que propone reemplazar la deliberación democrática por sistemas conducidos por élites tecnológicas. Menos ciudadanía, menos debate, más control.
Es una visión de mundo que ya está buscando espacios de influencia más allá de Silicon Valley. En América Latina, estas ideas comienzan a encontrar eco: el gobierno de Javier Milei ha promovido vínculos estrechos con grandes tecnológicas bajo una lógica de desregulación, mientras en Chile el diputado Johannes Kaiser se ha reunido con Peter Thiel, y también con figuras como José Piñera, asociadas a una visión radical de mercado. El poder tecnológico tiene dirección, responde a intereses concretos y avanza con una clara vocación de expansión también en nuestros territorios.
Y aquí el sector energético entra de lleno.
La transición energética que vivimos no es solo un cambio de matriz. Es una redistribución del poder. Hoy los sistemas eléctricos dependen cada vez más de plataformas digitales, algoritmos y datos en tiempo real. La pregunta ya no es solo quién genera energía, sino quién define cómo se gestiona, cómo se distribuye y bajo qué criterios se toman esas decisiones.
Lo vimos en el territorio. Programas como Casa Solar Social, Mi Calor Mi Hogar, Mejor Escuela o Mi Taxi Eléctrico demostraron que la tecnología puede estar al servicio de las personas, permitiendo que familias que históricamente quedaban fuera hoy sean protagonistas de la transición. Eso es democratizar. Pero también existe el riesgo de avanzar hacia sistemas cada vez más centralizados, donde las decisiones que gobiernan el sistema están lejos —geográfica y democráticamente— de quienes viven sus efectos.
Ahí está la tensión de fondo.
La democracia no es un obstáculo para el desarrollo tecnológico. Es, como planteaba Hannah Arendt, el espacio donde construimos lo común desde la pluralidad. Es más exigente, más lenta, pero también más humana y más resistente a los abusos de poder.
Cuando liderazgos como el de Donald Trump erosionan las instituciones y la democracia desde dentro, y cuando tecnologías capaces de influir en comportamientos se concentran en pocas manos, el riesgo deja de ser solo político. Se vuelve estructural.
Pero no todo está escrito.
La misma tecnología que hoy genera inquietud puede ser también una herramienta de emancipación. Podemos tener sistemas energéticos inteligentes que prioricen a quienes más lo necesitan, plataformas abiertas que transparenten decisiones y datos que fortalezcan la participación en lugar de reemplazarla.
En el fondo, se trata de algo profundamente político: quién decide, con qué reglas y para quién.
Porque la energía puede mejorar la vida de las personas o reforzar desigualdades. Y que ocurra lo primero depende de que seamos capaces de defender, todos los días, la democracia como una forma de vida compartida.
