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Recortar la transición: cuando la energía vuelve a ser privilegio y deja de mirar a las personas

En Chile hemos avanzado con decisión hacia una matriz energética más limpia, moderna y resiliente. En regiones como Región de Antofagasta, ese avance no es solo una consigna: durante el último período de gobierno se triplicó la capacidad instalada de energías renovables, consolidando al norte de Chile como uno de los principales polos solares y eólicos del mundo.
Pero la verdadera pregunta no es solo cuánto hemos crecido, sino para quién ha sido ese crecimiento.
Porque la transición energética no se mide únicamente en megawatts instalados ni en grandes inversiones. Se mide en la vida cotidiana de las personas. En la cuenta de la luz de una familia. En la posibilidad de calefaccionar un hogar sin precariedad. En la dignidad energética.
Y es precisamente ahí donde programas como Casa Solar Social han marcado una diferencia profunda.
Este programa —con foco en familias vulnerables, adultos mayores y hogares con personas con discapacidad— ha permitido que miles de familias accedan por primera vez a tecnología solar. No como un lujo, sino como una herramienta concreta de justicia social. En regiones como Antofagasta y Región de O’Higgins, más de 2200 hogares han sido beneficiados, con impactos especialmente significativos.
Ese es el verdadero sentido de la transición energética: democratizar el acceso a la tecnología y reducir desigualdades estructurales.

El riesgo de retroceder

Hoy, ese avance está en riesgo.
La discusión en torno a la llamada ley miscelánea impulsada por José Antonio Kast plantea recortes que afectan directamente a la Agencia de Sostenibilidad Energética, el principal brazo ejecutor de las políticas públicas que permiten que la transición llegue a las personas.
No se trata solo de un ajuste presupuestario.
Se trata de una señal política.
Una señal que no logra equilibrar el desarrollo económico con la tan necesaria transición energética socioecológica justa, y que termina favoreciendo a un grupo reducido, mientras pone en riesgo beneficios concretos para miles de familias.
Debilitar a la Agencia significa frenar programas que funcionan, que tienen impacto territorial y que han demostrado resultados medibles. Significa, en la práctica, alejar la transición energética de los hogares y devolverla a un espacio exclusivamente técnico o corporativo.

Lo que sí se hizo y no podemos perder

Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric se impulsó una visión inédita: vincular la transición energética con el desarrollo territorial y la justicia social.

Esto no fue solo discurso.

  • Se articularon recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para llevar soluciones energéticas a comunidades.
  • Se avanzó en esquemas de compensación territorial, reconociendo que los proyectos energéticos, particularmente renovables, son intensivos en uso de suelo y deben generar valor local.
  • Se fortalecieron programas que conectan la política energética con las personas, como Casa Solar Social.

Este enfoque es clave:
no puede haber transición energética si los territorios solo reciben impactos y no beneficios.

Mirar hacia adelante: una transición que incluya

El desafío ahora no es solo defender lo logrado, sino proyectarlo.
Chile tiene una oportunidad única: ser líder global en energías limpias. Pero ese liderazgo será incompleto si no se traduce en bienestar para su población.
Por eso, avanzar implica:
• Fortalecer institucionalmente a la Agencia de Sostenibilidad Energética, no debilitarla.
• Consolidar y ampliar programas como Casa Solar Social.
• Profundizar los mecanismos de distribución de beneficios en territorios donde se emplazan proyectos energéticos.
• Integrar la transición energética como un eje de política social, no solo económica.

Un llamado claro

La energía no puede ser un privilegio, debe ser un derecho.

Hoy, más que nunca, necesitamos una ciudadanía consciente de que la transición energética está en juego. No en los grandes titulares, sino en lo cotidiano.

Defender estos programas es defender algo mucho más profundo:
la posibilidad de construir un país donde el desarrollo no deje a nadie atrás.

Porque si la energía del futuro no llega a las personas,
entonces no es futuro. Es solo otra forma de desigualdad.

Ingeniera Química de la Universidad de Santiago de Chile, MBA de la Universidad de Chile y Diplomada en Hidrógeno Verde de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando equipos multidisciplinarios y desarrollando proyectos en medioambiente, biotecnología, minería e industria.

Actualmente es Gerente de Negocios y socia en Turbomáquinas, consultora en ASSEM Habilita y Presidenta del directorio de la FILZIC.

Fue Seremi de Energía de la Región de Antofagasta (2022–2026) y ha ocupado diversos cargos ejecutivos en los sectores industrial, ambiental y biotecnológico. Además, fue cofundadora y CEO de empresa de base tecnológica, integró la directiva de ASIQUIM (Zona Norte)

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