La renuncia del nuevo director ejecutivo para la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) ocurrida apenas un mes después de ser nombrado por el nuevo gobierno, encendió alarmas en el sector energético y abrió preguntas incómodas sobre el rumbo institucional de uno de los organismos más relevantes para la implementación de la política energética en Chile.
La preocupación escaló el pasado 3 de junio, cuando el sindicato de trabajadoras y trabajadores publicó un duro comunicado denunciando desvinculaciones masivas, incertidumbre presupuestaria y el riesgo de discontinuidad de programas emblemáticos como Casa Solar, Mi Taxi Eléctrico, Educa Sostenible y Mejor Escuela. Según el documento, más del 30% de la dotación habría sido desvinculada entre marzo y abril de este año, mientras aún no existiría claridad respecto del financiamiento programático para 2026.
Lo que hoy está en juego es la capacidad del Estado para implementar, en los territorios y con impacto real, la transición energética que Chile ha levantado como bandera internacional durante la última década.
La Agencia de Sostenibilidad Energética nació tras la creación del Ministerio de Energía, al amparo de la Ley N° 20.402, bajo el nombre de Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Con el tiempo, su mandato evolucionó: dejó de enfocarse únicamente en eficiencia energética para transformarse en una plataforma técnica y territorial capaz de articular programas de electromovilidad, gestión energética, generación distribuida, educación y de reducción de brechas de pobreza energética.
Mientras muchas veces el debate energético se concentra en grandes proyectos de generación, transmisión o hidrógeno verde, la AgenciaSE ha sido la institución que aterriza esa transición a la vida cotidiana de las personas. Ha sido el puente entre la política pública y las familias que reducen su cuenta de electricidad gracias a paneles solares; entre la estrategia nacional y los pequeños transportistas que acceden a electromovilidad; entre los compromisos climáticos y las escuelas públicas que aprenden sobre sostenibilidad desde edades tempranas.
También ha cumplido un rol técnico silencioso, pero fundamental. La Agencia genera información, metodologías, estrategias, estándares, certificaciones y asistencia técnica que permiten avanzar en eficiencia energética, gestión de la demanda y modernización productiva. Buena parte del ecosistema energético, municipios, empresas, servicios públicos, universidades y gobiernos regionales; utiliza herramientas, estudios y capacidades desarrolladas por sus equipos profesionales.
Por eso preocupa que hoy se debilite precisamente una de las pocas instituciones del sector que combina conocimiento técnico, despliegue territorial y legitimidad pública, que además hasta ahora contaba con el respaldo de una política energética de largo plazo.
Hablar de transición energética sin instituciones capaces de implementarla es quedarse en el discurso. Porque la transición no ocurre únicamente en los grandes anuncios de inversión. Ocurre cuando una vivienda mejora su eficiencia térmica; cuando un taxi colectivo deja de depender del diésel; cuando una escuela pública reduce sus costos energéticos; cuando una familia vulnerable accede por primera vez a generación distribuida.
En regiones distintas a la Metropolitana, donde convivimos diariamente con los impactos y oportunidades del desarrollo energético, conocemos de cerca el valor de estos programas. Casa Solar Social, por ejemplo, permitió que cientos de familias ,muchas de ellas adultos mayores o con integrantes en situación de discapacidad, pudieran disminuir sus gastos eléctricos y participar activamente de la transición energética. Ese impacto se mide en dignidad, autonomía y justicia territorial.
Debilitar la AgenciaSE pone en riesgo programas específicos y también amenaza capacidades acumuladas durante más de quince años: equipos técnicos especializados, redes territoriales, innovación pública y transferencia tecnológica. Reconstruir esas capacidades cuesta años. Perderlas puede tomar apenas unos meses.
Existe además una contradicción política evidente. Chile busca posicionarse como líder global en transición energética, hidrógeno verde y minerales críticos para la descarbonización, mientras al mismo tiempo se precarizan instituciones encargadas de acercar esa transición a las personas. Difícilmente puede sostenerse un liderazgo climático cuando las políticas públicas quedan subordinadas únicamente a la lógica del recorte.
La eficiencia energética, además, no es un lujo ni una agenda secundaria. Es probablemente la política energética más competitiva, rápida y socialmente rentable para enfrentar el aumento de tarifas, reducir emisiones y mejorar competitividad. Cada peso invertido en eficiencia energética evita costos futuros al sistema, disminuye consumo y mejora calidad de vida. Debilitar al principal organismo ejecutor en esta materia parece ir exactamente en la dirección contraria.
El comunicado de las y los trabajadores expresa una alerta institucional que el sector energético no debería ignorar. Porque cuando se deterioran las capacidades públicas, quienes terminan pagando el costo son las comunidades, las regiones y las familias que más necesitan apoyo para enfrentar la transición.
Hoy más que nunca se requiere claridad por parte del Ministerio de Energía respecto del futuro de la AgenciaSE, de sus programas y de sus equipos. Pero también se necesita una discusión más profunda: qué tipo de transición energética queremos construir y cuál es el rol que el Estado debe jugar en ella.
Si la transición energética va a ser realmente justa, entonces necesita instituciones fuertes, técnicas y con presencia territorial. Necesita políticas públicas que no dependan exclusivamente de la rentabilidad inmediata. Y necesita comprender que la energía no es únicamente infraestructura o inversión: también es cohesión social, desarrollo local y calidad de vida.
Defender la Agencia de Sostenibilidad Energética es defender una herramienta concreta de transformación técnica, social y energética para Chile.
